Mario Saavedra. Responsable de Internacional y Exteriores en El Periódico de España. Excorresponsal en Nueva York y Pekín.
Avance
En este artículo, el autor traza un panorama de las más recientes decisiones gubernamentales que han decantado el curso de política internacional del España y las controversias que algunas de ellas han podido suscitar. Quizá la más destacable o llamativa sea el giro del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Mario Saavedra empieza por ella, dando cuenta de la adopción por parte de España del plan autonomista marroquí en 2022: incorporar el Sáhara Occidental al reino alauita como una autonomía, a pesar de que la ONU promueve un referéndum de autodeterminación. La decisión le trajo las críticas al unísono del resto de partidos: sus socios de la extrema izquierda en el Gobierno, el centro-derecha y la extrema derecha. En el ámbito internacional, la decisión se vio refrendada por un movimiento aún más radical del presidente francés Emmanuel Macron, que directamente proclamó la «soberanía marroquí» sobre el Sáhara.
El acercamiento a Marruecos provocó las represalias inmediatas de Argelia, aliado del Frente Polisario saharaui. Las medidas tuvieron su repercusión sobre todo en el frente comercial, que se hundió: las exportaciones cayeron de los 1.888 millones en 2021 a los 332 millones en 2023. Pero parece que el Gobierno puede cantar victoria finalmente: Argel ha vuelto a mandar embajador a Madrid y ha dado orden de levantar a restricción bancaria, que ahora se aplica a los productos franceses.
Otro foco de tensión interior provocado por conflictos internacionales surgió tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la guerra que continúa en la actualidad. El Gobierno condenó los «ataques terroristas» y pidió contención a Israel: cara a cara con Benjamín Netanyahu, Pedro Sánchez habló de una «insoportable» matanza de civiles. Posteriormente organizó una campaña europea por el reconocimiento del Estado palestino a la que se unieron Noruega e Irlanda y que se materializó en mayo de este año. Su posición ha recibido críticas de la derecha (que la ha considerado demasiado propalestina), pero también de la izquierda. Podemos, por ejemplo, exige la suspensión de relaciones con Israel. Las declaraciones de sus ministras han provocado incidentes con la embajada de ese país.
Sin embargo, los populares, explica Mario Saavedra, «no han hecho mucha más sangre política con este asunto, porque la opinión pública está abrumadoramente a favor del reconocimiento del Estado de Palestina (ocho de cada diez, según el último barómetro del Real Instituto Elcano)
y la mayoría (50 por ciento) considera que Israel es el culpable de la guerra actual». La excepción a esta postura de bajo perfil de la oposición fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «sionista convencida, ha denostado la postura de la izquierda y organizó un viaje a Israel en el punto álgido de las matanzas en Gaza, algo que puso al Ministerio contra las cuerdas», explica el autor.
El capítulo dedicado a las posiciones de España respecto a Ucrania, Argentina y Gibraltar cierra la exposición. La guerra de Ucrania fue, al comienzo, otro de los asuntos que causó división interna. Podemos e Izquierda Unida se oponían a enviar armas al Ejecutivo de Volodímir Zelenski. Criticaban el presunto militarismo de Occidente. Ni Putin ni OTAN, decían. Pronto aquella postura se fue desvaneciendo ante el peso de los hechos: ocho de cada diez españoles apoyan el envío de armas. España ha firmado un acuerdo anual de seguridad con el país invadido y este año ya ha mandado los mil millones en ayuda comprometidos. El choque más politizado de todos los relativos a la política exterior —que incluyó insultos manifestados públicamente— ha sido el enfrentamiento con el Gobierno de Javier Milei en Argentina.
Artículo
La comparecencia de José Manuel Albares en el Senado del 27 de febrero de 2023 debía ser una oportunidad para que el ministro de Exteriores explicara las prioridades de la política exterior española. En su lugar, se convirtió en un monográfico sobre el giro del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Durante horas, la oposición al unísono reprochó al jefe de la diplomacia que se hubiera abandonado la tradicional postura de neutralidad hacia el conflicto sobre la excolonia española, la total falta de información sobre qué motivó el cambio y el oscurantismo en las negociaciones con Marruecos. España se enteró de refilón porque el Palacio Real marroquí publicó la carta enviada por Sánchez al rey Mohamed VI.
Se decía en ella que el plan autonomista (incorporar el Sáhara Occidental al reino alauita como una autonomía) era la propuesta «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto de medio siglo, a pesar de que la ONU promueve un referéndum de autodeterminación. En pocas ocasiones como en aquella sesión en la Cámara Alta se había visto a los senadores de la extrema izquierda (socios de Gobierno), del centro-derecha y de la extrema derecha atacar juntos y con tanta dureza a los socialistas. ¿Qué se ganaba «traicionando» a los saharauis?, preguntaban desde Más Madrid, PP, Vox o los grupos catalanes y canarios. Dos años y medio después de la publicación de la misiva, sigue habiendo más preguntas que respuestas sobre los motivos detrás del abrupto movimiento. Pero el Gobierno se ha visto refrendado en su giro por una decisión aún más radical del presidente francés Emmanuel Macron, que ha proclamado directamente la «soberanía marroquí» sobre el Sáhara. Aquel acercamiento a Marruecos provocó las represalias inmediatas de Argelia, aliado del Frente Polisario saharaui, al que da refugio en los campos de Tinduf. El Gobierno de Abdelmadjid Tebboune ordenó suspender el Tratado de Amistad con España y prohibir los pagos bancarios a las exportaciones españolas. El comercio hacia el país magrebí se hundió desde los 1.888 millones en 2021 a los 332 millones en 2023. Pero también en eso el Gobierno puede cantar victoria finalmente: Argel ha vuelto a mandar embajador a Madrid y ha dado orden de levantar la restricción bancaria, que ahora se aplica a los productos franceses.
Confrontación tibia sobre Gaza
Los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre provocaron la muerte de al menos 1.139 personas (en su mayoría, civiles). Otras 251 fueron secuestradas. La respuesta israelí fue una guerra de destrucción total que ha acabado con la vida de más de 43.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado Gaza inhabitable. El Gobierno fijó y mantuvo una posición nítida desde el primer momento: condena de los «ataques terroristas» y petición de contención a Israel. Ha recibido críticas de la derecha (que la ha considerado demasiado pro-palestina) y de la izquierda (que la ha visto como demasiado laxa con Israel).
Pedro Sánchez fue uno de los primeros líderes mundiales en criticar los excesos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Viajó a Tel Aviv y visitó los kibutzim en los que Hamás había perpetrado su matanza. Pero, al mismo tiempo, pidió cara a cara al primer ministro Benjamín Netanyahu
detener la «insoportable» matanza de civiles.
Moncloa ha intentado configurar un polo europeo para el reconocimiento del Estado palestino, aunque finalmente solo ha conseguido arrastrar a Noruega e Irlanda. Pedro Sánchez y Albares han recorrido los países árabes y musulmanes más relevantes de la región, de Egipto a Arabia Saudí, pasando por Palestina o Jordania. Con ello han logrado un momento dulce con las naciones de la Liga Árabe y de la Organización para la Cooperación Islámica.
Podemos pidió desde el primer momento la suspensión de relaciones con Israel. Las declaraciones de sus ministras, que calificaron los ataques de genocidio antes incluso de que el caso llegara a los tribunales de La Haya, provocaron varios incidentes con la Embajada de Israel y el polémico ministro de Exteriores hebreo, Israel Katz (ahora en Defensa): les acusaban de ser pro-Hamás y creaban montajes fotográficos contra Sánchez o Yolanda Díaz. El PP se ha puesto a menudo del lado israelí en estas crisis sucesivas, y ha criticado al Gobierno de coalición por el reconocimiento unilateral de Palestina. El punto álgido del choque fue una comparecencia en el Congreso de Albares en diciembre para explicar la postura española. El ministro pidió un Estado palestino con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y capital en Jerusalén Este. «Su Gobierno trivializa la política exterior», le espetó Esteban González-Pons, del Partido Popular. «Su política es opinadora, y no es de Estado».
Sin embargo, los populares no han hecho mucha más sangre política con este asunto, porque la opinión pública está abrumadoramente a favor del reconocimiento del Estado de Palestina (ocho de cada diez, según el último barómetro del Real Instituto Elcano) y la mayoría (50 por ciento) considera que Israel es el culpable de la guerra actual (frente al 16 por ciento que culpa a Hamás y el 34 por ciento a ambos). El portavoz del PP, Borja Sémper, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han criticado a los estudiantes que se han manifestado en favor de Palestina. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sionista convencida, ha denostado la postura de la izquierda y organizó un viaje a Israel en el punto álgido de las matanzas en Gaza, algo que puso al Ministerio contra las cuerdas. Aun así, ha mantenido el asunto fuera de sus prioridades en la agenda de confrontación política. La vicepresidenta Yolanda Díaz echó un pulso a Albares al anunciar públicamente que acudiría a una reunión en Palestina para sellar acuerdos bilaterales sobre empleo. Sin embargo, el viaje despertaba recelos en el Palacio de Santa Cruz y finalmente no se produjo.
Ucrania, Argentina y Gibraltar
La guerra de Ucrania fue, en sus inicios, otro de los asuntos de división interna. Podemos e Izquierda Unida se oponían a enviar armas al ejecutivo de Volodímir Zelenski. Criticaban el presunto militarismo de Occidente. Ni Putin ni OTAN, decían. Pronto aquella postura se fue desvaneciendo ante el peso de los hechos: ocho de cada diez españoles apoyan el envío de armas. España ha firmado un acuerdo anual de seguridad con el país invadido y este año ya ha mandado los mil millones en ayuda comprometidos.
El choque más politizado de todos los relativos a la política exterior ha sido el enfrentamiento con el Gobierno de Javier Milei en Argentina. Tras un intercambio de insultos, el Ejecutivo español retiró «definitivamente» a la embajadora en Buenos Aires, el paso previo a romper relaciones. La derecha criticó el movimiento, por considerarlo un uso personalista de la política exterior. Hace unas semanas, se envió un nuevo jefe de misión a Buenos Aires y se dio por cerrado ese capítulo.
Gibraltar genera discordia desde tiempos inmemoriales. Buena parte de la carrera diplomática española, los mil hombres y mujeres que llevan a cabo la política exterior, es conservadora. Y la derecha ha estado históricamente más preocupada por reclamar soberanía sobre la colonia británica. Algunos de los diplomáticos dudan en privado de los planes del Gobierno de firmar un Tratado con Reino Unido con planes prácticos para derribar la Verja y permitir el paso fluido de personas y mercancías sin entrar en cuestiones de soberanía, que se intenta lograr desde
hace tres años. Para la ultraderecha, frenarlo es prioridad política. El dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, se hizo un nombre por entrar a nado en Gibraltar y desplegar una enorme bandera de España.
La imagen del artículo, de Shuttersctock, lleva la firma de gladder y se puede consultar aquí.