Aquellos que sientan una honda admiración por la figura de don Gonzalo Fernández de la Mora (1924-2002) no podrán sino congratularse por la reciente publicación en Biblioteca Nueva de La razón conservadora, un ambicioso estudio biográfico que Pedro Carlos González Cuevas, profesor titular de Historia de las Ideas Políticas de la UNED, dedica al injustamente olvidado político, pensador y diplomático español.

Durante el episodio cubano de la segunda parte de El padrino, un recién llegado Michael Corleone asiste a un control policial que impide avanzar a su coche. De repente, uno de los retenidos se lanza al interior del coche de los agentes gritando un “viva la revolución” y haciendo estallar una granada. Impresionado, Michael se interesa por la identidad de los revolucionarios.

Antonio Fontán Meana, presidente de la Fundación Marqués de Guadalcanal, entregó a Esperanza Aguirre Gil de Biedma el pasado 4 de noviembre el Premio de Periodismo Político Antonio Fontán, en su quinta edición.

Junto con los políticos electos que desempeñan tareas en el sector público y los profesionales que conforman la Administración Pública, los altos cargos o directivos públicos realizan su trabajo en una zona de confluencia entre la política y una Administración profesionalizada. Los directivos que requiere hoy el sector público, según Pin Arboledas, han de contar con una excelente formación administrativa y manejar adecuadamente las técnicas de gestión, pero también deben ser líderes que destaquen por su autoridad moral, su influencia y su visión de futuro.

José Luis Ayllón, secretario de Estado de relaciones con las Cortes, explica en este artículo que la reforma de la Administración ha sido desde el comienzo una de las preocupaciones principales del Gobierno actual, como ponen de manifiesto las continuas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. Entre ellas, la más ambiciosa ha sido la Ley de Transparencia

La consecución de la estabilidad presupuestaria ha sido elemento central de la política económica (y general) en España en los últimos años, y objetivo político estratégico desde 2012. El punto culminante de «inflexión» fue la reforma constitucional del artículo 135 de nuestra Carta Magna adoptada en agosto de 2011, en la que se decidió fijar el equilibrio estructural como principio rector de la política presupuestaria, y cuyo desarrollo se efectuó por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Gobierno ha intentado remediar la morosidad del sector público, tomando tanto medidas de carácter coyuntural, como otras estructurales de impacto a medio plazo. Como se desprende del análisis de estas reformas que propone Mª Dolores Vicente Ruiz, las decisiones han sido por el momento eficaces, pero es pronto para concluir si han conseguido transformar la cultura administrativa y garantizar la sostenibilidad financiera

El Gobierno está llevando a cabo un proceso de reforma estructural de la Administración en respuesta a la demanda de la sociedad. La agilidad y la cercanía con el administrado, la eliminación de duplicidades, la prestación eficiente de los servicios o el fomento de la administración electrónica son algunas de las líneas esenciales de esa reforma, que se han incorporado a las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

La cuestión de las duplicidades administrativas y el debate social y político en torno a este tema, es relativamente reciente en nuestro país. Este debate, además, se ha caracterizado por un importante impacto mediático, sin que, aparentemente, en su base se haya tenido en cuenta la abundante producción académica al respecto.

La Constitución de 1978 realizó un cambio drástico del sistema político en España. Desde el punto de vista de la organización política y territorial se optó por una opción original, en el panorama del derecho comparado, como es el Estado de las autonomías.

La importancia que están adquiriendo las nuevas tecnologías reclama que la Administración se adapte a este nuevo entorno digital. David Mellado analiza los retos de esta improrrogable adaptación.

Como consecuencia del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se ha modernizado el funcionamiento de la Administración y se ha agilizado la toma de decisiones. La adecuación de la Administración al entorno digital, mejorará la atención a los ciudadanos.

La modernización de la Administración exige una reorganización del sector público estatal. La racionalización de la Administración pasa por la reducción y simplificación de las entidades públicas y un mayor control de los gastos en el sector empresarial y fundacional.

Tradicionalmente se restringía la iniciativa legislativa al procedimiento parlamentario, pero teniendo en cuenta que es el gobierno quien en realidad monopoliza el ejercicio de la potestad legislativa, no resulta incoherente encuadrar la iniciativa legislativa del Estado dentro de un procedimiento administrativo singular. Es lo que se propone en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la que reflexiona Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.

Uno de los primeros análisis abordados con motivo de la redacción del informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) fue el del tamaño del sector público. Las cifras muestran que el tamaño de la Administración no resulta tan excesivo como popularmente se cree y que los servidores públicos que desempeñan labores típicamente administrativas es un pequeño porcentaje, frente al representado por profesores, maestros o médicos.

Entendemos por evaluación del desempeño un conjunto de principios científicos y lógicos que responden a la necesidad empresarial de contar con instrumentos que permitan repartir a los trabajadores incentivos en forma de pluses salariales por mejor productividad y mayor calidad de su trabajo, así como otros estímulos de tipo cualitativo o en especie.

Mucho se ha discutido sobre las causas del nacionalismo catalán con motivo de su reciente ebullición separatista, momentáneamente frenada en las urnas tras el fracaso del plebiscito fantasma convocado por sus líderes bajo el disfraz de las últimas elecciones autonómicas: tanto se discute como se discrepa.

Su último libro, Sueño y destrucción de España, es un recorrido crítico por la historia del regeneracionismo, que Marco conceptúa como la manera española de ser nacionalista, o en una formulación negativa -más negativa aún, si cabe-, como la negación del liberalismo.

En 1922, el sociólogo norteamericano William Ogburn acuñó el concepto de "retraso cultural" para referirse al desajuste entre las condiciones materiales de vida y las actitudes y comportamientos sociales: mientras las primeras cambian con rapidez, o al menos vienen haciéndolo durante la modernidad, los segundos presentan mucha más resistencia al cambio.

Hace algunos años, la Fundación Rafael del Pino decidió apoyar al politólogo catalán Josep Mª Colomer para llevar a cabo la investigación que ahora se presenta en formato de libro