Andrés Ollero. Secretario general del Instituto de España y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y en la Universidad Rey Juan Carlos y diputado del Congreso durante cinco legislaturas. Autor de más de treinta libros sobre temas relacionados con la filosofía jurídica, el derecho constitucional y la ética.
Luis María Cazorla. Catedrático de Derecho Tributario y Financiero en la Universidad Rey Juan Carlos, abogado del Estado, letrado de las Cortes Generales e inspector de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. Presidente y socio fundador de Cazorla Abogados.
José María Beneyto. Catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Comunitario Europeo y Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo-CEU. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard.
Avance
La reciente aparición del libro Entre el derecho y la vida pública (Aranzadi), del jurista y magistrado emérito del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, sirvió de punto de partida para un diálogo entre el autor y el catedrático y abogado Luis María Cazorla, moderado por José María Beneyto, sobre la conflictiva relación entre el derecho y la política.
Andrés Ollero argumentó su interés por temas que le preocupan, como los derechos humanos y la relación del derecho y la moral, desde su triple experiencia como profesor universitario, jurista y servidor público —como diputado en el Congreso y magistrado del Tribunal Constitucional—. Opinó que es necesario cambiar «la huella partitocrática que está colonizando la vida política y las instituciones y ver el modo de ser y, sobre todo, de parecer independiente, que es más difícil».
Luis María Cazorla, por su parte, consideró que en la sociedad actual «hay un creciente desprecio al derecho desde la política, por lo que resulta casi imposible la convivencia pacífica entre los dos». Añadió que «el Estado de derecho está tendencialmente cuestionado por la mezcla de un sistema parlamentario dominado por el partidismo y por la invasión del populismo».
Artículo
Los catedráticos Andrés Ollero y Luis María Cazorla debatieron en torno a las relaciones conflictivas entre derecho y política y en qué medida esa tensión perjudica a la democracia, en un debate promovido por la Fundación Ciudadanía y Valores (FUNCIVA), que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2024 en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). La sesión estuvo moderada por José María Beneyto, catedrático de Derecho Internacional Público.
El punto de partida fue la reciente aparición del libro de Andrés Ollero Entre el derecho y la vida pública (Aranzadi), una selección de artículos de prensa y textos diversos del autor sobre cuestiones jurídicas de calado y sobre la misión del derecho en la sociedad. Beneyto lo calificó de «orteguiano» porque sus reflexiones están trenzadas con la propia biografía del autor en su triple faceta de universitario, jurista y político.
Ollero explicó que en el libro expone reflexiones tras su experiencia en la cátedra y en la vida pública (diecisiete años como diputado en el Congreso y nueve como magistrado del Constitucional), aunque recalcó: «He sido fundamentalmente universitario, por encima de todo, durante todos esos años». Entiende, en este sentido, que «ser universitario supone una cierta responsabilidad pública, de sentirse obligado a hacer algo por los demás». Y a esa proyección pública responden sus clases, pero también «los numerosos artículos de prensa y las intervenciones en el parlamento, que eran una forma de ampliar el aula y llegar a todo el país».
Entre los temas que le preocupan —y que son abordados en el libro— destacó la relación entre el derecho y la moral, subrayando que el derecho es «un mínimo ético imprescindible para lograr un ámbito de convivencia social adecuado para todos». El derecho, explicó, «genera exigencias morales», y prueba de ello es que lo que «el legislador pretende con las normas legales, que pone en marcha, es cambiar la moral de la sociedad», como se puede comprobar en temas polémicos como el aborto o las leyes del matrimonio y la eutanasia.
Luis María Cazorla, por su parte, señaló que «hay un creciente desprecio al derecho desde la política, por lo que resulta casi imposible la convivencia pacífica entre los dos». Desde su experiencia como letrado del Congreso durante 45 años ininterrumpidos, Cazorla compara el Parlamento de ahora con el de hace décadas y constata «un creciente desprecio en las cámaras, con proyectos de ley, por ejemplo, elaborados por personas con desconocimiento jurídico».
Se da la paradoja, añadió, de que en esta época «la consagración del Estado de derecho llega a los máximos extremos» pero, a la vez, estamos viendo «una situación tendencialmente contraria». Ya que está «siendo cuestionado por la mezcla de un sistema parlamentario dominado por el partidismo y por la invasión del populismo». Respecto de lo primero, detalló que vamos hacia una democracia con «una influencia desproporcionada del partido político, agravada por la existencia de unas primarias donde se otorga a alguien un poder desmesurado». Y que el populismo conduce al frentismo, al tratarse de «una forma de plantearse las acciones políticas en la que predomina la voluntad política por encima de la regulación jurídica».
Qué se puede hacer
A preguntas de José María Beneyto sobre lo que se puede hacer para escapar de la politización, Ollero señaló que es necesario cambiar «la huella partitocrática que está colonizando las instituciones y ver el modo de ser y, sobre todo, de parecer independiente, que es más difícil».
Hay cosas que, en su momento, «se hicieron de forma un tanto ingenua sin tener en cuenta el peligro de la partitocracia», afirmó. Puso el ejemplo de la Constitución, que en su artículo 159 establece que los miembros del Tribunal Constitucional designados por el Parlamento se eligen de cuatro en cuatro [cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado] y eso acaba en reparto». Cuando «los nombramientos en el TC deberían ser uninominales y no de cuatro en cuatro».
Y recordó su propio caso: cuando le tocaba ser presidente del alto tribunal, «se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos para que no lo fuera». Aunque él fuera elegido magistrado a propuesta del PP, se condujo siempre sin criterios partidistas, como lo demuestra el hecho de que fue ponente de la sentencia que declaró inconstitucional la ley de amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro en 2017, por «vulnerar el principio de igualdad de los españoles». O que se opusiera, con su voto particular, «a 33 sentencias que dicen que eran conservadoras y a 36 sentencias que dicen que eran progresistas». Votos particulares que publicó cuando acabó su función en el TC.
Cazorla propuso establecer unos límites no escritos que no se deben franquear. Uno de ellos es evitar la profesionalización de la política: «Cuando uno hace de la política su único medio de vida cae en manos de las exigencias del poder, si no más absoluto si muy concentrado». En ese sentido, «el sistema de incompatibilidades es exagerado y contraproducente, una barrera más para que solo acceda a la vida política el que haya ascendiendo dentro del partido, peldaño a peldaño, desde ayudante de concejal…».
«¿Por qué no se puede dejar a un médico que sea diputado?, ¿por qué se obliga al catedrático a dejar la universidad cuando entra en el Parlamento?» se preguntó. ¿Cómo cambiar tal estado de cosas? Por un lado, a través de pequeñas reformas, por ejemplo que «en la formación de las listas no predomine solo la fidelidad o la lealtad absoluta por encima de otros aspectos». Y por otro, es la sociedad civil la que debe crear espacios para generar ideas y transformar todo eso.
Recordó, en este sentido, el decisivo papel que en la Transición tuvo una generación de juristas sólidamente preparados, de tradición liberal, que sentaron los cimientos de la democracia en España.
Las reales academias, por ejemplo, tienen «más eco de lo que creemos en los destinatarios de la política y en la mejora de la relación de la política con el derecho».
El propio Ollero destacó, en este aspecto, el importante papel que realiza el Instituto de España, del que es secretario general, como corporación que integra a las diez reales academias nacionales y ofrece el cauce para coordinar sus funciones.
ENTRE EL DERECHO Y LA VIDA PÚBLICA El libro de Andrés Ollero recoge una selección de análisis jurídicos hechos por el autor a lo largo de su larga trayectoria, con lo que se puede considerar una suerte de ensayo autobiográfico. A través de esa selección, ofrece Ollero una visión del derecho y de la misión de este en conformar una sociedad en la que todo ser humano pueda vivir con libertad y respeto hacia los demás, «sin prejuicios que arrinconen a determinados sectores por la vía del autoritarismo». El autor aborda, entre otros asuntos, la filosofía del derecho y los derechos humanos; el pulso entre los positivismos normativista y legalista y las exigencias jurídico-naturales, la crítica al buenismo jurídico; la libertad religiosa y el laicismo; y el papel del Tribunal Constitucional, recogiendo su experiencia de nueve años como magistrado. Este es el índice de temas del volumen, ordenado por capítulos: -Capítulo 1. Años de formación. -Capítulo 2. Arthur Kaufmann y Sergio Cotta. (Sobre los juristas que influyeron en su trayectoria). -Capítulo 3. Filosofía del derecho y derechos humanos. -Capítulo 4. Entre la vida y la muerte. (Recoge su intervención parlamentaria sobre la modificación de la pena del delito de eutanasia). -Capítulo 5. La Constitución entra en juego. -Capítulo 6. A vueltas con el derecho natural. -Capítulo 7. Derecho y moral. -Capítulo 8. Del ámbito académico a la actividad política. -Capítulo 9. Sin olvido de la Universidad. -Capítulo 10. Libertad religiosa, laicidad del Estado y laicismo. -Capítulo 11. Adiós al parlamento, regreso a la universidad. -Capítulo 12 Un encuentro en Villa La Collina. (Recoge su discurso en la Universidad de Alba Iulia, Rumanía, con motivo de su investidura como doctor honoris causa). -Capítulo 13. Elección como magistrado del Tribunal Constitucional.
, sirvió de punto de partida para un diálogo entre el autor, y el catedrático Luis María Cazorla, sobre la conflictiva relación entre el derecho y la política.){kind=link}